México cuenta con una Ley Federal, un Mecanismo de Protección y una Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión. A pesar de la existencia de todas las herramientas legales para garantizar este derecho, durante los últimos años, las autoridades federales y estatales han practicado el arte de la simulación. Es decir, el Estado mexicano carece de voluntad para implementar un cambio significativo que permita a México dejar de ser uno de los paí­ses más peligrosos para ejercer el periodismo

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Tiene como misión brindar seguridad a personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través de tres tipos de medidas: preventivas, de protección y urgentes de protección; dependiendo del riesgo en el que se encuentren quienes llevan a cabo alguna labor periodí­stica, de defensa o promoción de derechos humanos, con el objetivo de garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad. Estas medidas surgen por las constantes agresiones que sufren quienes realizan estas actividades y como parte del ejercicio de sus derechos, así­ como de los vací­os u omisiones en las investigaciones penales cuando son ví­ctimas de alguna agresión.

Para realizar su labor el Mecanismo debe efectuar estudios de evaluación de riesgo y con base en el resultado implementará el tipo de medidas que corresponda en el caso concreto. Para ejecutar su mandamiento, el Mecanismo cuenta con tres órganos principales: la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y la Coordinación Ejecutiva Nacional; ésta última, a su vez, se integra por tres unidades auxiliares (de Recepción de Casos y Reacción Rápida; de Evaluación de Riesgos y de Prevención, Seguimiento y Análisis). La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano para la toma de decisiones, el cual se conforma por nueve miembros permanentes quienes se constituyen respectivamente por un representante de la Secretarí­a de Gobernación, de la Procuradurí­a General de la República, de la Secretarí­a de Relaciones Exteriores, de la Secretarí­a de Seguridad Pública, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así­ como cuatro representantes de la Sociedad Civil.

El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno que puede formular recomendaciones u opiniones respecto al funcionamiento del Mecanismo. Se integra por 9 personas, quienes deberán tener experiencia en la defensa de derechos humanos y en el ejercicio periodí­stico. La Coordinación Ejecutiva Nacional se encarga de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y organismos autónomos, el funcionamiento del Mecanismo y operará a través de sus tres unidades auxiliares.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Es un organismo público autónomo que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando se imputen a autoridades o servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.

Dentro de la Quinta Visitadurí­a de la CNDH se creó el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos (PROGRAMA), que busca garantizar las labores y el ejercicio de derechos de quienes llevan a cabo alguna actividad periodí­stica o de defensa y promoción también de derechos, a través de la atención e investigación de quejas con motivo de presuntas violaciones por parte de servidores públicos, dándole seguimiento e impulsando la sensibilización en las autoridades sobre la importancia de la actividad de periodistas y defensores de derechos humanos.

Actualmente el PROGRAMA ha emitido tres recomendaciones generales (números 7, 17 y 20), sobre agresiones a periodistas y la impunidad que existe frente a las mismas, sin embargo, por la naturaleza de dichas recomendaciones no se determinan violaciones concretas ni reparaciones individualizadas para periodistas ví­ctimas de violaciones a sus derechos humanos. Un ejemplo de la importancia de emitir recomendaciones individualizadas en las que se determinen violaciones y reparaciones concretas, y señalando autoridades especí­ficas, es la Recomendación 13/2015 en relación al caso del periodista Pedro Canché, ví­ctima de violaciones a su derecho a la libertad de expresión, integridad y seguridad personal por parte del gobierno de Quintana Roo.

Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión

Mejor conocida como FEADLE, es la autoridad adscrita a la Subprocuradurí­a de Derechos Humanos de la Procuradurí­a General de la República que se encarga de perseguir delitos cometidos en contra de periodistas, personas e instalaciones con motivo del ejercicio de su libertad de expresión. Mediante el Acuerdo A/145/10 del 5 de julio de 2010 se creó la FEADLE, anteriormente Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP). El 25 de junio de 2012 se publicó la reforma constitucional al artí­culo 73, fracción XXI, la cual otorgó competencia al Ministerio Público Federal para conocer de delitos del fuero común contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta. Asimismo, el 3 de mayo de 2013 se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales, estableciendo la obligación por parte de la FEADLE de ejercer su facultad de atracción cuando se actualice alguna de las siguientes hipótesis:

I. Cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal.
II. Cuando en la denuncia o querella la ví­ctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal.
III. Cuando se trate de delitos graves así­ calificados por la ley.
IV. Cuando la vida o integridad fí­sica de la ví­ctima u ofendido se encuentre en riesgo real.
V. Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate.
VI. Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta.
VII. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
VIII. Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas.
IX. Cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Sin embargo, la FEADLE ha incumplido su obligación de atraer casos, a pesar de actualizarse una o inclusive varias de las anteriores hipótesis, quedándose los expedientes de averiguación previa en el ámbito local, contrario a lo que se buscaba con las reformas antes señaladas. Ante ello es importante mencionar que la facultad de atracción que tiene la FEADLE no es de carácter arbitrario o discrecional, sino una obligación constitucional y legal a la que se encuentra sujeta.